La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio anunció este lunes la remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) de una denuncia de un ciudadano venezolano por violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades de su país.
Rodeado de varios de los magistrados del TSJ “legítimo”, incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre la denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.
En septiembre se realizaron varias audiencias en la OEA en las que se denunciaron violaciones por parte del Gobierno venezolano, entre esas destaca la comparecencia del exgeneral mayor Hebert García Plaza, quien explicó que el “Plan Zamora” adoptado en abril “establece que civiles que no coinciden con la ideología son enemigos”.
García Plaza fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo y titular de Alimentación, ambos cargos en el Gobierno de Nicolás Maduro y en 2015 la fiscalía dictó una orden de aprehensión en su contra, pero el exministro había huido ya del país. Además de remitir la denuncia a la CPI para que sus fiscales la investiguen, la sala de casación pide al Consejo de Seguridad de la ONU que haga seguimiento de esa investigación y tenga en consideración la posibilidad de pedir a Interpol que emita alertas para las personas mencionadas en la denuncia, encabezadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En la denuncia se menciona a la “mayoría del generalato” de Venezuela y al vicepresidente Tareck El Aissami y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por la “violación sistemática de los derechos humanos”. Los hechos denunciados, según Troconis, entran en la categoría de los que la CPI considera delitos de lesa humanidad.
Troconis empezó diciendo que la sala que preside no tiene atribuciones para encargarse de la denuncia pues eso le corresponde a los fiscales del Estado venezolano, pero dado que el poder judicial está “subordinado” al poder ejecutivo en Venezuela y que además “no se le puede negar justicia a quien la pide”, decidió actuar en este caso. Su decisión de remitir la denuncia a la CPI obedece a que Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y reconoce el “principio de complementariedad” de las normas de ese organismo internacional.
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