Ralenis Tovar, la jueza venezolana de 47 años de edad que firmó la orden de captura contra Leopoldo López en 2014, afirmó en una entrevista con el diario The Globe and Mail, de Toronto, Canadá, que fue coaccionada para tomar esta decisión, y que la orden contra el político opositor estaba redactada, y que le fue enviada por la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez.

Agregó que cuando ofreció revisar la orden para firmarla al día siguiente (eran las 2 a.m. del 13 de febrero de 2014), los cuatro fiscales que se la llevaron “se rieron sarcásticamente y me preguntaron si quería sufrir la misma suerte que la jueza María de Lourdes Afiuni”.

Tovar se encuentra en un hotel de Toronto a la espera de que las autoridades canadienses le concedan un asilo político para poder alquilar su propio apartamento. Afirmó en la entrevista que supo que era momento de irse de Venezuela cuando fue asesinado el juez Nelson Moncada, el magistrado de la Corte de Apelaciones, el 1 de junio de este año, quien también había llevado el caso de Bassil Dacosta.

Moncada fue asesinado en un hecho aún confuso, que involucró, según se comentó en los medios, una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana.

Según Tovar, quien arribó a Canadá el 28 de julio y solicitó asilo como refugiada, ella padeció durante tres años “amenazas, persecución y un intento de secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro”, y afirmó que temía por su vida en Venezuela. Huyó de Venezuela con su esposo y su hijo de 13 años.

La jueza afirmó en su entrevista que cuando regresaba a su casa, desde el Palacio de Justicia de Caracas, la noche del 12 de febrero, recibió varias llamadas a su celular desde un teléfono no identificado. Asumiendo que podía tratarse de una amenaza desde un penal, no contestó.

Pero entonces, recibió otra llamada, esta vez de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (aunque la nota del diario canadiense no lo especifica, en 2014 la presidenta del TSJ era Gladys Gutiérrez), quien le ordenó que atendiera la llamada del teléfono sin identificación. Al hacerlo, se le exigió que regresara a su despacho.

Cuando llegó a su despacho, según su relato, fue rodeada por la Guardia Nacional y por funcionarios de Inteligencia Militar. Fue saludada por cuatro fiscales, que le presentaron tres órdenes de aprehensión: Dos de personas que no conocía, y la de Leopoldo López. “Quedé petrificada. Sabía que el propósito era silenciar a un líder político que era un obstáculo para (el presidente Nicolás) Maduro”.

Como eran las 2 de la mañana, Tovar le pidió a los fiscales que le permitieran revisar la orden al día siguiente; afirma que estos rieron y le preguntaron “si quería terminar como la jueza Afiuni”. Firmó las órdenes de inmediato. En ese momento, la fiscalía general la ejercía Luisa Ortega Díaz, hoy también exiliada y perseguida política del Gobierno de Maduro.

Tovar renunció a su cargo de jueza en Julio de 2015, y trató de ejercer el Derecho privadamente, pero, según señaló, en el poder judicial todos le decían a sus clientes que era imposible que ganaran un caso con ella como abogada. Luego de la muerte de Moncada, solicitó una visa de turista para ella y su familia para Canadá y solicitó refugio a su llegada.

Tovar es una de las personas que han testificado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con los presuntos casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que probablemente se presentarán ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Su testimonio se produjo el 16 de octubre.

Según la abogada, la persecución judicial, que se instituyó durante la presidencia de Hugo Chávez, se ha masificado y sistematizado durante la de Maduro: “Hay una subcultura de miedo como parte de otra, que es la cultura represiva, y que es más intensa e importante”, indicó.


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