En las noches, cuando caía la lluvia de noviembre y no había dormido en absoluto, Jhonny Arcentales tenía visiones de sí mismo muerto y de que su cuerpo era arrojado al oscuro mar. Se imaginaba a su esposa y a su hijo adolescente lanzando su ropa en una fosa en un cementerio y una reunión en la iglesia local para su funeral. Habían pasado más de dos meses desde que Arcentales, un pescador de 40 años de la costa central de Ecuador, había salido de su casa y le había dicho a su esposa que regresaría en cinco días.

El grillete que lo sujetaba por el tobillo lo mantenía encadenado a un cable a lo largo de la cubierta del barco en todo momento, excepto cuando hacía la travesía ocasional, vigilado por un marino, para defecar en una cubeta. La mayor parte del tiempo, no podía moverse más allá de un brazo de distancia sin chocar con el siguiente hombre encadenado.

“El mar antes significaba libertad”, me dijo el ecuatoriano. A bordo de ese barco, sin embargo, “era lo opuesto. Era como una prisión a mar abierto”.

Mendoza no tenía manera de saber que su esposo seguía vivo. Había salido de Jaramijó porque su familia necesitaba dinero tan desesperadamente que había aceptado un trabajo para contrabandear cocaína.

Mar adentro en el Pacífico, Arcentales y los otros pescadores con los que iba fueron detenidos, pero no por piratas ni justicieros, sino por la Guardia Costera de Estados Unidos, desplegada a más de 3200 kilómetros de las costas estadounidenses para rastrear cocaína proveniente de los Andes.

En los últimos seis años, más de 2700 hombres como Arcentales han sido capturados cuando iban a bordo de botes bajo sospecha de contrabandear cocaína colombiana a Centroamérica, para después ser trasladados por el océano durante semanas o meses mientras los barcos estadounidenses continúan su patrullaje. Estos pescadores convertidos en narcomenudistas son atrapados en aguas internacionales o en mares fuera de aguas estadounidenses; a menudo tienen un escaso o nulo conocimiento de adónde debían llegar las drogas que llevaban en su bote. Aun así, casi todos estos lancheros son arrastrados por el Pacífico y entregados en Estados Unidos para enfrentar cargos criminales ahí, en lo que constituye un amplio ejercicio extraterritorial del poder legal de Estados Unidos.

Los “Guantánamos flotantes”

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La Guardia Costera de EE. UU. nunca estuvo destinada a manejar una flota de, en palabras de un exabogado de la agencia, “Guantánamos flotantes”.

En Estados Unidos, la imagen pública de la Guardia Costera es la de un organismo que realiza acciones humanitarias, celebrada en medios locales por rescatar a personas naufragadas en Montauk, Nueva York, o a sobrevivientes de los huracanes en Florida. Sin embargo, como la única rama del ejército que también actúa como agencia de procuración de justicia, este servicio de 227 años de antigüedad se dedica igualmente a interceptar el contrabando, desde traficantes chinos de opio hasta a quienes traficaban ron durante la era de la prohibición del alcohol en EE. UU.

Durante siglos, para arrestar a los contrabandistas, los operativos de la Guardia Costera esperaban a que estos cruzaran hacia las aguas territoriales estadounidenses. Luego, en la década de los setenta, cuando se disparó el tráfico de marihuana por la ruta de Colombia hacia el Caribe antes de encaminarse a Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron ante el congreso que la ley estadounidense de ese entonces restringía la capacidad de castigar a los narcotraficantes atrapados en altamar. Aunque la Guardia Costera —entonces una rama del Departamento de Transporte— pudiera perseguir a los traficantes hacia el Caribe, los abogados del Departamento de Justicia rara vez podían declarar culpables de algún delito en los tribunales estadounidenses a los traficantes capturados en la ambigua zona legal de las aguas internacionales.

El congreso respondió con un conjunto de leyes que incluía la Maritime Drug Law Enforcement Act (Ley marítima judicial contra las drogas) de 1986; esta definía al narcotráfico en aguas internacionales como un crimen en contra de Estados Unidos, incluso cuando no había pruebas de que las drogas, a menudo transportadas en navíos extranjeros, estaban destinadas a ese país. A la Guardia Costera se le dio la autoridad de buscar a sospechosos de tráfico y llevarlos ante los tribunales estadounidenses.

En los años noventa y dos mil, un promedio de doscientas personas eran detenidas al año con esta normativa.

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New York Times


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