Ex-viceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra

EL PAÍS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

Los exdirigentes bajo sospecha

  • Nervis Villalobos Cárdenas. Fue uno de los jerarcas de la primera etapa del chavismo. Ingeniero, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, diseñó la planificación a largo plazo de uno de los sectores más estratégicos para el país. Tras dejar sus cargos asesoró a grandes empresas.
  • Javier Alvarado Ochoa. Hombre de confianza de Chávez. Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas.
  • Rafael Ramírez. Hombre fuerte del chavismo, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, que dirigió durante 12 años. Fue forzado a dimitir por Nicolás Maduro, que le nombró delegado ante Naciones Unidas hasta que tuvo que dejar el cargo el pasado día 4.

La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.

Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.

La juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.

Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto “compete a la Fiscalía”.

Siga leyendo en ELPAIS


Aviso: NotasNet.info es un portal de noticias con fin recreativo y sin ánimo de lucro

ntpc